La carrera por la sostenibilidad no tiene freno. La urgencia por avanzar hacia un modelo económico, social y medioambiental más sostenible ya no se puede obviar. El último informe de situación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas tira al traste cualquier posible teoría negacionista. Desde su anterior informe, publicado en 2013, las evidencias del cambio climático se han multiplicado. Entre ellas, aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera (el más alto de la historia), subida de la temperatura media global (1,1 grados respecto a los niveles preindustriales), aumento de fenómenos meteorológicos extremos…
Este informe viene a reforzar con nuevas evidencias lo que ya sabíamos, y los motivos por los cuales los reguladores de todos los países y de las instituciones internacionales están haciendo con firmeza sus deberes. Aquí tienes un repaso por todo lo que se ha avanzado este año en materia de desarrollo sostenible.
Desde enero de 2021, la obligatoriedad de presentar el Estado de Información No Financiera (EINF) que establece la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad aplica a todas las empresas a partir de 250 empleados. Esta medida responde a una demanda creciente de transparencia respecto a las acciones de sostenibilidad y RSC que llevan a cabo las organizaciones por parte de sus grupos de interés. El EINF debe recoger información e indicadores de resultados sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito medioambiental, social y el buen gobierno de la empresa, sobre el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y sobre sus compromisos hacia el desarrollo sostenible.
El 10 de marzo entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088, sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, conocido por sus siglas en inglés, SFDR, que supone un cambio sustancial en el mundo de la inversión sostenible. Este reglamento, que forma parte del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, pretende acabar con el greenwashing y establece la primera definición normativa de los productos financieros sostenibles. Obliga a asesores financieros, gestoras de activos, fondos de pensiones de empleo, entidades aseguradoras, entidades bancarias, proveedores de productos, etc., a integrar con transparencia los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad en sus procesos internos, así como en su oferta de productos financieros sostenibles.
También el 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó el informe legislativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) sobre ‘Debida diligencia empresarial y responsabilidad corporativa‘, que hace responsables a las empresas de detectar, prevenir y reducir los impactos ambientales y de derechos humanos de sus actividades. El texto conmina a establecer mecanismos de debida diligencia obligatorios y efectivos que cubran todas las actividades de la empresa y sus relaciones comerciales, incluidas sus cadenas de suministro y subcontratación. Este informe sienta las bases de una futura Directiva europea que aplicaría a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas que cotizan en bolsa y a las que operan en sectores de alto riesgo, así como a las que, siendo de fuera de la UE, comercialicen sus productos o servicios en este mercado.
Tras un largo camino de enmiendas, el 22 de mayo entró por fin en vigor en España la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que materializa nuestro compromiso para frenar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París de 2015. Alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), establece los objetivos de reducción de emisiones, de energías renovables y de eficiencia energética para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable. Entre esos objetivos destaca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 23% respecto a 1990, duplicar el consumo de energías renovables hasta el 42% del total, o adaptar el sistema eléctrico para que el 74% de las fuentes energéticas provengan de energías renovables.
Para más información puedes leer nuestro post sobre la Ley del Cambio Climático: principales claves para impulsar la Transición Energética.
El 5 de junio, el Consejo de ministros aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. En cuya elaboración han participado las administraciones autonómicas y locales, la sociedad civil, el sector privado, el sector académico y el conjunto de la ciudadanía. El documento recoge un total de 8 retos que nuestro país asume para garantizar una transición social, ecológica y económica hacia la Agenda 2030.
Los 8 retos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 son: acabar con la pobreza y la desigualdad; hacer frente a la emergencia climática y ambiental; cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación; superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente; poner fin a la precariedad laboral; revertir la crisis de los servicios públicos; poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta; y revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico.
Hasta el 27 de agosto están abiertos a consulta pública dos borradores de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, que asesora en esta materia a la Comisión Europea, cuyo fin es ampliar la taxonomía sostenible e impulsar la transición energética y el desarrollo de la taxonomía social, dando un paso más en el desarrollo regulatorio vinculado con la sostenibilidad. Estos documentos, esenciales para continuar desarrollando los criterios ESG dentro de la Unión Europea, tratan de resolver ciertos problemas planteados por la taxonomía de actividades sostenibles, que había dejado fuera los conceptos sociales o la clasificación de actividades “dañinas” derivadas del fomento de la transición energética. La Plataforma presentará su propuesta final en otoño, y se incorporará al informe de la Comisión sobre la posible extensión del marco de taxonomía que se adoptará a finales de 2021.
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