Enfoque económico y social: empleo formal

Cada 20 de febrero se celebra el día mundial de la justicia social y en APlanet hemos querido hacer un post especial para esta fecha. La temática de este año establecida por la ONU pretende dar visibilidad a la inestabilidad que da el trabajo informal al trabajador. Este no es un hecho aislado ya que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que a día de hoy más de 6 de cada 10 trabajadores y 8 de cada 10 empresas en el mundo ejercen su actividad en la economía informal. Es decir que “más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90% de las microempresas y pequeñas empresas a escala mundial” trabajan en situación de precariedad. 

El trabajo informal agrupa distintas actividades – en la mayoría de los casos remuneradas – que se hacen sin estar reconocidas, registradas, ni reguladas. Al no dar garantías a un trabajador se le condena a la precariedad laboral y a una situación de injusticia por no poder optar a la protección laboral y social que brinda un trabajo formal, inevitablemente dejándolo en una posición de vulnerabilidad. Además, la economía informal afecta a más mujeres que hombres, profundizando de este modo la desigualdad de género. 

Muchos de estos problemas residen en el Estado de derecho pero las empresas también tienen un papel fundamental en asegurar empleo de calidad. Las empresas tienen que garantizar la transición a la formalidad y proporcionar empleo que dé seguridad a sus trabajadores. Esto no sólo beneficia a la sociedad en su conjunto sino que también es de interés para las empresas según el informe de la OIT: 

«Cuando las empresas se formalizan, en particular al aumentar la productividad y mejorar el acceso al mercado, su sostenibilidad aumenta y se impulsa la competencia justa en los mercados nacionales e internacionales.» 

Afrontar la economía informal significa reducir la desigualdad, la pobreza y reforzar el Estado de derecho. Todo esto se traduce en una sociedad más equitativa, lo que contribuye a que haya mayor cohesión social. 

Enfoque socio-medioambiental: justicia climática

La temática propuesta por la ONU plasma el ámbito económico y social de la injusticia, pero deja intacto el impacto que tiene la degradación ambiental en lo social. Desde APlanet queremos resaltar en este día lo que conlleva el movimiento de justicia climática. 

En la actualidad no se puede perder de vista la forma en la que se hace y se hará en los próximos años la transición hacia una economía verde / descarbonizada. La creciente concienciación medioambiental ha sacado a la luz que no todo el mundo tiene el mismo acceso a espacios habitables no contaminados. Prueba de ello es que el 8 de octubre de 2021, países de todo el mundo lograron ponerse de acuerdo sobre el hecho de que un medio ambiente limpio, seguro y saludable es un derecho humano básico. Dentro de la justicia climática, entra también una transición inclusiva y que no se haga en detrimento de ciertas partes de la población. 

El acceso desigual a un medio ambiente seguro está vinculado a la pobreza, sin embargo, otras cuestiones sistémicas que entran en juego reciben menos cobertura a la hora de entender por qué algunas personas están más expuestas que otras a la contaminación y los residuos. Tal es el caso del racismo ambiental y de ejemplos de geografías tóxicas, factores importantes detrás de la distribución desigual de los peligros ambientales.  

Un medioambiente seguro como privilegio

El European Environmental Bureau (EEB) explica el significado de racismo ambiental en su informe de 2020 como: 

«situaciones en las que ciertos grupos se ven afectados de forma desproporcionada por la degradación ambiental y la falta de servicios ambientales, estando vinculadas a la discriminación y la exclusión subyacente por motivos raciales. Los efectos son impactos negativos en la salud, una menor calidad de vida y una mayor profundización de las desigualdades existentes»

Este tipo de dinámicas problemáticas que demuestran una profunda desigualdad pueden darse tanto a nivel local como regional o internacional. Además, a la hora de ubicar instalaciones de residuos tóxicos también se han identificado disparidades raciales, llegando a simbolizar un patrón de  «aplicación desigual de leyes medioambientales» para las comunidades vulnerables (Cole & Foster 2000, p.58). 

La justicia social pasa por una transición justa. Hacer una transición energética inclusiva significa que las minorías, comunidades marginadas y de menos recursos no deben verse afectadas de manera desproporcionada. El medioambiente no puede ser un privilegio para unos pocos. Como adelanta nuestra CEO Johanna Gallo en Diario Responsable: 

«Sin justicia social no hay cohesión, y eso es algo terriblemente triste. No hay manera de construir buenas bases para la sociedad sin equidad, sin tener en cuenta las diferencias de oportunidades. La injusticia solo crea brechas, dolor y sufrimiento; y cuando esto ocurre se  pierde el potencial de su gente. Así que es importante luchar por un futuro sin desigualdades.»

Repensando en el propósito de APlanet y especialmente en el de nuestra plataforma, vemos la importancia del enfoque holístico que hemos tomado. APlanet adopta un enfoque holístico en la recopilación, gestión y análisis de datos ESG, dándole el mismo peso a cada uno de los 3 pilares. Lo social no puede diferenciarse de lo medioambiental y de la ética de gobierno, ya que estos 3 pilares están fuertemente interconectados y dependen los unos de los otros. 

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