La sostenibilidad en el ámbito empresarial está en el punto de mira de la Unión Europea. Recientemente, ha comenzado a incorporar criterios medioambientales que trascienden el plano económico. Se ha aprobado un reglamento que integra el SFDR como una política que se debe tener en cuenta. En este artículo se detallan todas las claves sobre sus objetivos y los requisitos que establece.
El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles impone estándares mínimos para las acciones comunicativas empresariales. Es un marco de referencia para la divulgación transparente del avance corporativo en desarrollo sostenible. Para ello, se proporcionan estándares, prácticas y métricas especializados.
El informe Future of Sustainability in Investment Management: From Ideas to Reality, publicado por el CFA Institute en 2020, lo pone de relieve. Las finanzas están centrándose cada vez más en la sostenibilidad como criterio fundamental. Por esta razón, las instituciones comunitarias han introducido esta guía de transparencia dentro del plan de acción de la UE.
La entrada en vigor se produjo en el año 2019. Se empezó a aplicar el 10 de marzo de 2021. Posteriormente, se efectuaron dos divulgaciones de información adicionales. Hoy en día, son esenciales para entender el reglamento SFDR y qué es:
El cumplimiento de este reglamento supondrá una mejora en la transparencia y las finanzas sostenibles. Resulta imprescindible que los mercados adversos informen sobre los riesgos para el desarrollo sostenible. De esta manera, los inversores podrán potenciar económicamente aquellas propuestas que sean más respetuosas con el planeta.
Uno de los principales beneficios de esta política es la mayor responsabilidad en las decisiones financieras. Se espera reorientar progresivamente el panorama inversor de la Unión Europea. Como consecuencia, las empresas con mayor conciencia ecológica adquirirán también una posición más atractiva entre quienes aportan capital.
Durante años, una de las prácticas más controvertidas, el greenwashing, estuvo en el punto de mira de las instituciones comunitarias. Había empresas que alteraban sus informes para dar la imagen de tener preocupación por el medioambiente. La normativa SFDR nació con el objetivo de proporcionar un marco de referencia que evite esta costumbre.
Otro de los propósitos es correlacionar las decisiones inversoras con las metas de sostenibilidad. Se pretende posicionar este valor a los negocios mediante una nueva forma de obtener compensación. Más allá de subvenciones públicas a quienes avancen en la transición ecológica, este sistema servirá para atraer la financiación privada.
La identificación de objetivos y el razonamiento social constituyen una tercera motivación. La propuesta es integrar factores que, hasta ahora, quedaban en un segundo plano. Entre ellos, la lucha contra la corrupción, el bienestar de los trabajadores y otros que conformen una opción socialmente responsable.
Las autoridades comunitarias han incluido un gran número de organizaciones en las pautas de SFDR reporting. Los asesores financieros y todos aquellos que tomen parte en el mercado deben aplicarla. Lo mismo sucede con sociedades de inversión, instituciones de crédito, grandes propietarios de activos y gestores de cartera.
Las entidades que administren fondos de inversión o de pensiones, así como las compañías de seguros, también deben adoptar estas políticas. Cualquier empresa puede acceder a este medio para identificar y comunicar sus objetivos socialmente responsables de una manera estandarizada.
Respecto al potencial impacto para la compañía, es fundamental que informen sobre cómo están abordando el reto climático. Dicho de otra manera, tendrán que acogerse al marco de referencia para impulsar la transmisión de criterios ecológicos y éticos. En línea con los objetivos corporativos, necesitarán informar sobre cómo los están abordando.
Cuando una entidad elabora o gestiona un producto sostenible, debe avanzar todavía más en la implantación de estos criterios. Por ejemplo, las sociedades inversoras necesitan aclarar qué productos tienen una mayor carga ecológica. Para ello, es esencial la comunicación de la empresa con los activos que constituyan cada fondo.
Una de las cuestiones que más está costando a los negocios es la distribución de cada actividad. Cuando se vaya a divulgar la posición de la empresa con respecto a la sostenibilidad, se debe clasificar cada actuación en distintos niveles. De esta forma, es posible detallar con qué grado de cumplimiento se está tratando el desafío del medioambiente.
Las Principales Incidencias Adversas (PIAS, por sus siglas en inglés) son el KPI principal. Son los efectos negativos que la actividad de una empresa puede tener sobre la sostenibilidad. Es decir, aquellos puntos en los que la corporación, por su naturaleza, esté distanciada frente a las demandas de la sociedad.
Su función es ejercer como mecanismo disuasorio en los ámbitos de asesoramiento, planificación y elección financieros. Pretenden que el inversor tenga más información sobre las consecuencias de destinar el capital de manera negligente. Hay 64 indicadores, según la última actualización de 2023, que se dividen en dos tipos: obligatorios y opcionales.
Cada uno se subdivide en dos ramas, que son la social y la medioambiental. Incluso se pueden clasificar según su ámbito de alcance, que puede ser soberano, corporativo o inmobiliario. Lo que se busca es conectar con las expectativas del mercado financiero para desplazar cada vez más a la rentabilidad.
De acuerdo con el informe Final Report on draft Regulatory Technical Standards, publicado por la European Securities and Markets Authority en 2021, hay ciertos indicadores fundamentales. Entre ellos, destacan las emisiones de gases de efecto invernadero o la explotación de combustibles fósiles.
La presencia o ausencia de aspectos relacionados con los anteriores implica que un producto inversor se encuentre en una de las tres categorías siguientes.
Conocidos como de artículo 6, representan un riesgo para la consecución de los objetivos medioambientales. Se representan con el color gris y se deben reflejar en un informe que sea transparente.
Denominados de artículo 8, promueven objetivos no reconocidos por la normativa de la Comisión Europea. Sin embargo, pueden contribuir a alcanzar la sostenibilidad en cierto modo.
Con la distinción de artículo 9, están en línea con la estrategia medioambiental de la Comisión Europea. Siguen principios responsables y han adoptado prácticas de acuerdo con la taxonomía comunitaria.
Según la guía comunitaria, las organizaciones deben informar de forma regular sobre cómo abordan distintos temas. Constituyen los requisitos para elaborar un informe que se ajuste al marco normativo que proporciona el reglamento:
Respecto a los productos, hay tres niveles cromáticos que detallan si promueven o no características medioambientales.
Con la publicación de 2023, se dio luz verde a un horizonte temporal con el que los negocios deben cumplir. Hay ciertas fechas que se deben tener en cuenta:
Hay tres valores que guiarán la aplicación y definición de los KPI en cada empresa:
En definitiva, la normativa SFDR añade una nueva perspectiva al ámbito empresarial. Más allá de basar su rentabilidad en su capacidad para producir, se integran aspectos éticos y sostenibles. El futuro, de nuevo, vuelve a anticipar una época de cambios que, más temprano que tarde, habrá que integrar en el negocio.
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